La defensa del CD a Cristina K todavía hace ruido. Desde el Rectorado se mostraron en desacuerdo con la actitud del decano, mostrando su malestar por lo que consideran una "decisión inconsulta". También los decanos de Psicología y Medicina tomaron distancia de Schuster. La información publicada en Enciclomedios luego se reprodujo en los principales medios del país. Además, en Perfil y La Nación se difundió un supuesto informe interno de Sociales, donde analizan la cobertura mediática y habría sido entregado a la Presidenta. Por otra parte, el Observatorio de Medios podría entrar en acción contra Pergolini , ya que se burló de uno de los participantes de Bailando por un sueño por ser ciego. Por ello, el INADI y otras organizaciones se quejaron del conductor de CQC Y ¿Cuál es?.
Una pregunta que nadie respondió es: ¿Qué es, y para qué sirve, el Observatorio de Medios? Como dijimos antes en INFOSOC, su origen está en el decreto 1086/05. El mismo llama al Congreso, la justicia y las provincias a adherirse al Plan Nacional contra la Discriminación elaborado por el INADI. Se firmó en 2005, pero hasta ahora no había llamado la atención. El quid de la cuestión está en el punto 208 del plan. Propone un observatorio dependiente del COMFER que controle actitudes discriminatorias en los medios masivos. No dice más que eso.
Los observatorios no son un invento argentino. Existen en casi todos los países democráticos. En Europa es común que existan consejos, nacionales o regionales, que decidan sobre política de medios. Ya sea para promover ciertos contenidos, o para evitar otros. Dichos consejos involucran a miembros del partido gobernante, la oposición, entidades profesionales y gobiernos regionales. Organismos que abarcan a todos, y evitan cualquier medida verticalista. Las decisiones se toman por consenso, no por imposición.
Bien pensado en la retórica, el proyecto falla en la práctica. Su manual de funcionamiento exhibe su objetivo: buscar contenidos discriminatorios y elaborar informes. El Observatorio no sanciona, sólo advierte a los infractores. Forman parte el COMFER, INADI y Consejo Nacional para la Mujer, pero puede pedir colaboración de otros organismos. Que siga dependiendo del COMFER da cuenta de una coherencia en política de medios. Las políticas para el sector siempre juntaron, sin contradecirse, una actitud de laissez faire y centralismo. El COMFER debería ser un ente autárquico. Su directorio estaría compuesto por miembros de las FF.AA. y la SIDE (recordemos, el decreto-ley 22.285 es de 1980). En democracia, en lugar de cambiar la ley, optaron por intervenirlo hasta hoy. Veinticinco años en los que el interventor depende directamente del presidente.
Estas son las reglas del juego. Todos aceptan jugarlo así. Empresas de medios, gobiernos de turno. En el fondo, se busca ganar fuerza para negociar con la otra parte. La histeria colectiva de periodistas y empresarios del sector no repara en que tienen derechos y obligaciones. La libertad de prensa no permite agredir, descalificar o menospreciar a alguien por pensar distinto o tener otra condición social. Tampoco negociar la línea editorial por favores comerciales. Clarín se indigna del gobierno, pero se olvida que durante este tiempo: le ampliaron las licencias de radio y TV por diez años; le permitieron la fusión de Cablevisión y Multicanal, cuando debía estar autorizado primero por el COMFER; sus periodistas tenían trato privilegiado, llegando incluso a viajar en el avión presidencial que pagamos todos.
Guatemala o guatepeor, esa es la cuestión.
Una pregunta que nadie respondió es: ¿Qué es, y para qué sirve, el Observatorio de Medios? Como dijimos antes en INFOSOC, su origen está en el decreto 1086/05. El mismo llama al Congreso, la justicia y las provincias a adherirse al Plan Nacional contra la Discriminación elaborado por el INADI. Se firmó en 2005, pero hasta ahora no había llamado la atención. El quid de la cuestión está en el punto 208 del plan. Propone un observatorio dependiente del COMFER que controle actitudes discriminatorias en los medios masivos. No dice más que eso.
Los observatorios no son un invento argentino. Existen en casi todos los países democráticos. En Europa es común que existan consejos, nacionales o regionales, que decidan sobre política de medios. Ya sea para promover ciertos contenidos, o para evitar otros. Dichos consejos involucran a miembros del partido gobernante, la oposición, entidades profesionales y gobiernos regionales. Organismos que abarcan a todos, y evitan cualquier medida verticalista. Las decisiones se toman por consenso, no por imposición.
Bien pensado en la retórica, el proyecto falla en la práctica. Su manual de funcionamiento exhibe su objetivo: buscar contenidos discriminatorios y elaborar informes. El Observatorio no sanciona, sólo advierte a los infractores. Forman parte el COMFER, INADI y Consejo Nacional para la Mujer, pero puede pedir colaboración de otros organismos. Que siga dependiendo del COMFER da cuenta de una coherencia en política de medios. Las políticas para el sector siempre juntaron, sin contradecirse, una actitud de laissez faire y centralismo. El COMFER debería ser un ente autárquico. Su directorio estaría compuesto por miembros de las FF.AA. y la SIDE (recordemos, el decreto-ley 22.285 es de 1980). En democracia, en lugar de cambiar la ley, optaron por intervenirlo hasta hoy. Veinticinco años en los que el interventor depende directamente del presidente.
Estas son las reglas del juego. Todos aceptan jugarlo así. Empresas de medios, gobiernos de turno. En el fondo, se busca ganar fuerza para negociar con la otra parte. La histeria colectiva de periodistas y empresarios del sector no repara en que tienen derechos y obligaciones. La libertad de prensa no permite agredir, descalificar o menospreciar a alguien por pensar distinto o tener otra condición social. Tampoco negociar la línea editorial por favores comerciales. Clarín se indigna del gobierno, pero se olvida que durante este tiempo: le ampliaron las licencias de radio y TV por diez años; le permitieron la fusión de Cablevisión y Multicanal, cuando debía estar autorizado primero por el COMFER; sus periodistas tenían trato privilegiado, llegando incluso a viajar en el avión presidencial que pagamos todos.
Guatemala o guatepeor, esa es la cuestión.
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